La demora en la implementación de VeriFactu, aprobada por el Real Decreto-ley 15/2025, genera incertidumbre en el sector de soluciones de punto de venta. Empresas, desarrolladores y comercios enfrentan stock inmovilizado, inversiones en hardware que pierden valor y una planificación dificultada. La falta de un calendario firme afecta la confianza y la economía del sector, a pesar de que la Agencia Tributaria justifica el aplazamiento por motivos de orden y estabilidad normativa. La necesidad de una regulación predecible resulta clave para evitar pérdidas económicas y garantizar la continuidad operativa de las pymes y actores del mercado.

El Gobierno ha aprobado una extensión hasta 2027 para la obligatoriedad de implementar el sistema VeriFactu en empresas y autónomos en España. La medida, publicada en el BOE, busca facilitar una transición ordenada y evitar impactos económicos negativos en el sector tecnológico y empresarial. La prórroga afecta principalmente al sector HORECA y a empresas de software, permitiendo mayor tiempo para adaptarse a la normativa sin modificar los requisitos técnicos. La decisión busca asegurar una implementación efectiva y sin precipitación del sistema de registros de facturación en el país.