La demora en la implementación de VeriFactu, aprobada por el Real Decreto-ley 15/2025, genera incertidumbre en el sector de soluciones de punto de venta. Empresas, desarrolladores y comercios enfrentan stock inmovilizado, inversiones en hardware que pierden valor y una planificación dificultada. La falta de un calendario firme afecta la confianza y la economía del sector, a pesar de que la Agencia Tributaria justifica el aplazamiento por motivos de orden y estabilidad normativa. La necesidad de una regulación predecible resulta clave para evitar pérdidas económicas y garantizar la continuidad operativa de las pymes y actores del mercado.